Casi la mitad del país está sumergido en la pobreza

Política

Casi la mitad del país está sumergido en la pobreza, que saltó al 44,2% y golpea a 20 millones de personas.

La cifra habría llegado al 53,1% de la población si no se hubieran implementado planes de emergencia como el IFE o la tarjeta alimentaria. El 65% de los menores de 17 años viven en hogares pobres. Son datos del Observatorio de la Deuda Social.

Por la recesión y la crisis, agudizada por la pandemia y la cuarentena, volvió a escalar la pobreza. En un año, aumentó del 40,8% al 44,2% de la población urbana: son 18 millones de pobres. Si se incluye a la población rural, hay 20 millones de pobres.

De esos totales la indigencia subió del 8,9% al 10,1%: 4,1 millones indigentes urbanos o más de 4,5 millones si se incluye al sector rural.

Sin los bonos, IFE y otros programas sociales, la pobreza hubiera sido del 53,1% de la población urbana. Y por grupos de edad, sobresale la pobreza entre los menores de 17 años, que subió del 59,5% al 64,1% reflejando “una persistente infantilización de la pobreza en la Argentina urbana”. Son más de 7,5 millones de chicos y adolescentes que viven en hogares con carencias básicas. Por su parte, la indigencia subió del 14,8 al 16%.

Los datos son del Observatorio de la Deuda Social, de la UCA (Universidad Católica Argentina) relevados entre julio y octubre de este año y son los más altos de toda la serie que arranca en 2010. Corresponde a la «pobreza de ingresos» que surge de comparar los ingresos de los hogares con los valores de la canasta de indigencia y de pobreza.

Con relación a las mediciones del INDEC después de 2016, las cifras de la UCA son muy similares. Se estima que, en este cuarto trimestre, la pobreza habría seguido en aumento.

Al presentar estos datos, Agustín Salvia, director del Observatorio dijo que la pandemia agravó una situación social y laboral que se fue agudizando a lo largo de toda la década.

“Las evidencias presentadas en este informe confirman que bajo el escenario de crisis COVID-19, las capacidades monetarias de los hogares experimentaron un deterioro abrupto y pronunciado, con efecto regresivos sobre la pobreza y la indigencia. El nuevo escenario paralizó aún más la inversión, los consumos y la demanda de empleo en la economía formal, a la vez que frenó toda expectativa de reactivación, afectando especialmente a la pequeña y mediana empresa, profundizando la relación entre informalidad económica, pobreza y exclusión social”.

Salvia explicó que entre los que están desocupados o con sub empleo, la pobreza sube con mucha fuerza en los segmentos de trabajadores marginales e integrados y en el Conurbano Bonaerense. “Entre estos grupos, la pobreza crece casi ininterrumpidamente desde 2013-2014 y evidencia un nuevo salto en el contexto de pandemia. La indigencia también aumenta, afectando más a los segmentos marginal e integrado de trabajadores y es transversal a todas las regiones urbanas, aunque con mayor fuerza en el conurbano bonaerense”.

El director del Observatorio señaló “que el efecto COVID no fue “democrático”, no afectó a todos por igual: entre los sectores de abajo se acentuó el deterioro social, mientras la cúpula de la pirámide está ahora más concentrada y protegida”.

El Informe señala que sin los distintos programas sociales (IFE, AUH, tarjeta alimentaria, pensiones no contributivas y otros), la pobreza hubiera saltado del 44,2% al 53,1% de la población urbana. El efecto del IFE es el más sustantivo: 8,3 puntos incidieron en reducir la indigencia y 6,4 puntos en la pobreza.

“El IFE habría sido la política con mayor impacto absoluto sobre las tasas de pobreza e indigencia, en comparación con las demás políticas de transferencias implementadas”, dice el Informe.

Una de las conclusiones de Salvia es que “durante los últimos años de la década, incluyendo el escenario COVID-19, los indicadores sociales muestran un aumento en la pobreza y en las desigualdades estructurales. Las brechas productivas, sociales y en la calidad del empleo no han disminuido, sino que incluso parecen agravarse. La situación ha empobrecido aún más a un cada vez más extendido sector micro-informal de subsistencia (economía social) de muy baja productividad, precariedad y concentración urbana. Y si bien hubo mejoras durante la década, la desigualdad estructural ha aumentado, expresándose en mayores déficits y brechas en materia de inseguridad alimentaria, mala calidad del hábitat y déficit en el acceso a agua, energía, servicios de saneamiento y a una vivienda digna. La segmentación social también opera sobre servicios públicos universales: educación, salud, protección social y seguridad ciudadana”.

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